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Se acerca el momento en que el Senado aprobará la enmienda que da lugar a la vuelta de la ley Sinde al articulado de la ley de Economía Sostenible. La votación en el Pleno será este miércoles 9.

En estas condiciones, con una Ángeles González-Sinde feliz y contenta, hablar del fracaso de su ley resulta como mínimo paradójico. Pero tras un mínimo análisis, la tozuda realidad indica que es así: que la “vía Sinde” ha sido un tremendo error político desde el primer momento de su planteamiento, que no deja satisfecho a nadie, y que no va a servir para nada.

Vamos con las razones, explicadas una a una:

• La ley Sinde es un fallido intento de solución de un conflicto. Para tal intento, el gobierno del presidente Rodríguez Zapatero nombró ministra de Cultura a una persona claramente perteneciente a una de las posiciones en conflicto, a pesar de las numerosísimas voces que desaconsejaban dicho nombramiento y de los más que evidentes conflictos de interés que planteaba. Proporcionó a esa ministra un soporte y un apoyo omnímodo, plenipotenciario, y se negó a aceptar ningún tipo de sugerencia en este sentido. La supuesta voluntad de escuchar a la otra parte fue en todo momento patética, cuando no directamente ridícula (y de hecho, muchos en el partido son completamente incapaces de entenderlo). Ellos sabrán.
• El resultado final que sanciona la ley Sinde es producto de cosas que poco tienen que ver con la ley Sinde. El apoyo de CiU, por ejemplo, viene a cuenta de acciones del gobierno sobre el puzzle de las energías renovables para apoyar directamente a Gas Natural, y de “solucionar” (con el dinero de todos los españoles) un monumental agujero en las cuentas de la Generalitat que iba a impedir pagar las nóminas de los funcionarios a partir del mes de marzo. La actitud del Partido Popular, que acepta cambios puramente cosméticos, miente sobre ellos, y traiciona incluso promesas como la eliminación del canon digital, es algo directamente inexplicable.
• Como resultado de la ausencia total de voluntad negociadora, se provoca un fortísimo conflicto en la sociedad. Sin consenso social alrededor de la norma, solo puede esperarse rebeldía: boicots a la cultura española, enfrentamiento entre creadores y público, alejamiento y rechazo del mercado natural, y preservación de monopolios que impiden el desarrollo de alternativas de comercialización. El resultado es siniestro, precisamente lo que la industria cultural norteamericana pretendía: control de los canales, y exclusión social de la cultura española, más débil en su marketing que su contrapartida norteamericana y percibida ahora más como “del bando enemigo”. La presión ejercida por los Estados Unidos revelada por los papeles de Wikileaks dejan patente el interés de este país por forzar la situación.
• Los intentos de búsqueda de consenso, débiles y difusos, han sido completamente desestimados por el gobierno, a pesar de implicar a personas tan destacadas como el Presidente de la Academia de Cine, al que incluso se llegó a intentar excluir de la Gala de los Premios Goya. Cuando la vía del consenso avanza en otros países en términos más o menos discutibles, en España se le cierra completamente la puerta.
• La trivialización constante del debate mediante clichés interesados (“solo buscan el todo gratis”, “esto hay que regularlo”, “si no protegemos la propiedad intelectual nos quedaremos sin propiedad intelectual”, “hay que pagar a los artistas“, etc.) y los insultos reiterados a la otra parte (“piratas“, “traficantes de drogas“, “proxenetas“, “terroristas“, etc.) reflejan una fortísima voluntad de enfrentamiento. El fracaso de vías alternativas y la nula voluntad de buscar consenso no son casualidades, son algo completamente intencionado.
• El mercado cultural español sigue adoleciendo de los mismos problemas antes y después de la ley Sinde: un monopolio exclusivo ejercido por las entidades de gestión (a las que Ángeles González-Sinde, la “ministra de EGEDA”, representa), denunciado infructuosamente por la Comisión nacional de la Competencia, una ausencia total de alternativas al consumo irregular, y una enorme dificultad para el desarrollo de alternativas nuevas. La ley Sinde llega incluso a empeorar las cosas: genera un entorno legislativo plagado de incertidumbres que hace todavía más difícil la llegada de empresas dispuestas a ofertar productos culturales. Que Netflix carezca de interés por el mercado español no se debe a “la piratería”, sino a la posición dominante y nociva que ejercen unas entidades de gestión mimadas por el gobierno.

La ley Sinde es la perfecta definición del fracaso: no satisface a nadie, no arregla los problemas, empeora la situación, y debilita la posición de quienes la plantean y de quienes la apoyan. Aprobar la vuelta de la ley Sinde al articulado de la ley de Economía Sostenible, además de reconocer un evidente fracaso, supone ahondar en el problema, avanzar hacia un modelo social que nadie desea, y dar lugar a una importante pérdida de tiempo en su posible resolución.